Como asambleísta de provincia requería un lugar de residencia en la ciudad de Quito por lo cual procedí a alquilar una suite en un hotel de la capital, lugar que hoy es parte de las investigaciones que se realizan respecto al excontralor Carlos Pólit.

La ubicación geográfica era adecuada por estar muy cerca con la Asamblea, razón por la cual procedí a arrendarla y esperaba se concluyan con los trámites pertinentes para la firma del contrato.

La suite en mención contenía menaje de casa básico y fue arrendada desde el pasado 14 de mayo del presente año. Una vez conocidos los hechos de dominio público entregué las llaves y control de ingreso mediante escrito notarizado.

Soy un hombre frontal así que de inmediato y una vez que los hechos fueron conocidos presenté un escrito ante la Notaria, aclarando mi estatus de arrendatario y que los bienes de uso personal como ropa y otros enseres que se encontraron en su interior son de mi propiedad.

Espero que este hecho no sea usado para afectar mi buen nombre y la representación que ostento como Asambleísta de Manabí. De hecho, rechazo el subtítulo publicado por un medio de comunicación que de manera tendenciosa publicó esta nota, dentro de una noticia de interés general, sin especificar los hechos que expongo.

Estamos viviendo momentos muy críticos, las denuncias del caso Odebrecht deben señalar a todos los culpables. En la Asamblea se están desplegando una serie de acciones a las cuales me he sumado, porque creo que el país merece respuestas y acciones contundentes para frenar a los corruptos.

Así mismo, precisamente por el nivel de compromiso que tengo respecto a la lucha contra la corrupción en los próximos días presentaré un proyecto que básicamente comprende una Reforma al Código Orgánico Integral Penal, para incorporar muerte civil en los delitos contra la eficiencia de la Administración Pública y para un tratamiento diferenciado del cohecho y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (compañías) cuando incurran en este delito, además la declaración de regalos que reciben los funcionarios públicos en actos oficiales y finalmente una propuesta sobre la designación del Subcontralor.